Por Nicolás Vargas Varillas
Cada 15 días o cada mes, desde hace ya varios años, las distintas encuestadoras o empresas analistas de mercados comparten con nosotros estadísticas cada vez más aburridas y menos reveladoras cuando se trata de analizar la informalidad. Siempre se habla del infame 60% de peruanos que viven en la informalidad económica, que la base tributaria peruana con suerte logra pasar el 20%, entre otras cosas. A su vez y de manera casi sincrónica, solemos cruzarnos con los mismos analistas que nos repiten hasta el hastío las famosas ideas de Hernando (de) Soto sobre la propiedad privada. Ahora, por más fatigosa resulte tener una discusión sobre esta información, no dejan de ser puntos profundamente validos sobre hacia donde deberíamos los peruanos dirigir las discusiones ya no sobre cómo combatir la informalidad, sino poder acrecentar el número de peruanos que se pueden beneficiar no solo de una economía social de mercado, sino cuantos peruanos, sobre todo los más vulnerables, pueden acceder a la oportunidad de ser protegidos y acompañados por un estado verdaderamente presente y eficiente. La discusión puede seguir infinidad de ramales, pero hoy propondré una que a mi entendimiento es fundamental, y es la de la inclusión financiera.
Para poder hablar de inclusión financiera, es crucial primero hablar de las instituciones que forman parte de esto. En el Perú existen cuatro bancos que comparten entre sí la gran mayoría de cuentas bancarias existentes en el país. No hace falta mencionarlas. Sin embargo, estas instituciones solo son capaces de ofrecer, por su propia naturaleza, una serie de productos financieros que son funcionales solo para una minoría de los peruanos. De esta manera, una parte importante de nuestra población no es capaz de acceder a prestamos o financiamientos que sean útiles para sus metas e intereses, los cuales no pueden ser provistos por los bancos comerciales estándar. Por ende, resulta imperativo repensar la manera en la cual el sistema bancario peruano está diseñado. Más allá de la presencia de bancos comerciales, resulta imperativo repensar el rol que juegan otras instituciones bancarias, principalmente de las cajas (tanto las municipales como las rurales), así como de las cooperativas de ahorros. Estas instituciones, por su propio origen (cosa que sus nombres acusan), tienen una fuerte capacidad de acción en una zona geográfica determinada. De esta manera, estas instituciones financieras tienen mayor facilidad para conocer la realidad de sus potenciales clientes en la zona donde operan y así pueden diseñar productos financieros que se ajusten a las necesidades de estos con mayor exactitud. Del mismo modo, también proveen al cliente una mayor posibilidad de acceso al reclamo, dada la cercanía con la institución misma. Esto resulta particularmente definitorio en las cooperativas de ahorros, donde los mismos ahorristas son los encargados de gestionar las acciones de la institución y, por ende, y se bien es cierto que quizá no sean capaces de llegar a tener activos financieros muy elevados o lograr grandes rentabilidades, pueden proveerles una opción segura, accesible y comprensible a millones de peruanos en necesidad de acceder a servicios financieros.
La pregunta siguiente a este análisis está ligada a los beneficios de promover la existencia de este tipo de instituciones financieras pueden traer en respecto de inclusión financiera. Primero, y deducible por lo mencionado en el párrafo anterior, estas instituciones proveen mayor facilidad de acceso a los ahorristas y proveen productos financieros de mayor utilidad para la población. De nada le sirve a un ahorrista con una PYME propia bancarizarse si el banco tradicional es incapaz de otorgarle una rentabilidad atractiva a sus ingresos, o si, en el caso de un ahorrista que vive de la agricultura, no puede acceder a un préstamo que pueda pagar luego de una forma cómoda durante el periodo que carece de una mayor fuente de ingresos dada la temporada del año en la que se encuentra. De esta manera, la existencia de cajas y cooperativas resulta más atractivo para los ahorristas acercarse a estas instituciones bancarias formales (alejándose así de prestamistas usureros) y así no solo protegerse de traficantes de terrenos o mafias locales, pero también puede hallar maneras de proteger y acrecentar su capital.
A su vez, la inclusión financiera que aquí hago mención también trae beneficios para el estado. Primero, al incluir a una mayor cantidad de peruanos, es posible por consecuencia ampliar la base tributaria del país. La masificación de esta base es la única manera de incrementar la recaudación tributaria y así contribuyendo a que, año tras año, el presupuesto general de la nación pueda crecer. A su vez, la recaudación tributaria también le provee al estado una herramienta crucial para crear políticas públicas de mayor impacto; siendo la información sobre el contribuyente. El ciudadano, al pagar impuestos, no solo contribuye dinero al fisco peruano, sino también provee información sobre su situación al estado. Estos detalles que compartimos incluyen cosas como tipo de empleo, ingresos, propiedades, tamaño de la familia, entre otros muchos datos. Con esta información, el estado es luego capaz de conocer a sus ciudadanos mejor, sus necesidades y urgencias, y porque no, sus metas y anhelos potenciales. Así, la ampliación de la masa tributaria provee también nueva información al estado sobre sus ciudadanos, proveyéndole de más y mejor información que resultará crucial al momento de diseñar e implementar políticas públicas, combatiendo de manera más eficiente la exclusión social y la pobreza, cerrando así el círculo virtuoso que comienza con la inclusión financiera.
De esta manera, es posible hablar sobre como a oferta financiera, habrá mayor inclusión financiera; a mayor inclusión financiera, mayor será la recaudación tributaria y, sobre todo, de información sobre el contribuyente; y a más información sobre el contribuyente, mejor será la formulación de políticas públicas, cerrando así realmente las brechas sociales que persisten en nuestro país.