Por Nicolás Vargas Varillas
Una de las noticias más importantes de las últimas semanas fueron las relacionadas a el fin del REINFO, anunciado por Jorge Montero, ministro de Energía y Minas. El REINFO, acrónimo para el Registro Integral de Formalización Minera, lleva varios años siendo un instrumento que, nominalmente, sirve para amalgamar datos sobre personas dedicadas a la llamada pequeña minería o artesanal, y así poder proveerle al estado un mecanismo de supervisión de las operaciones de estas personas en búsqueda de apegar sus prácticas a estándares ambientales y de seguridad, así fungiendo como paso previo para la que estos individuos logren la formalización completa. Sin embargo, el REINFO en la práctica no ha sido realmente útil para esto. Desafortunadamente, esta herramienta ha servido como mecanismo de camuflaje para numerosos mineros ilegales, que pueden esconder sus actividades evidentemente inseguras e insostenibles como “en formalización”, sirviendo así para poder, en sentido estricto, no ser vistos desde los ojos del estado como mineros ilegales.
Tras el anuncio del ministro Montero, se volcó sobre la escena pública peruana la protesta tanto de los diversos gremios informales, así como el malestar de quienes defienden, en mayor o menor medida, sus intereses en el parlamento. Esto no solo llevó a protestas en Lima, donde diversos parlamentarios mostraron su apoyo con la causa de los mineros, sino también se tradujo a bloqueos de carreteras a nivel nacional. Si bien podríamos hacer un análisis político largo y tedioso sobre las correlaciones de fuerzas políticas en función de sus relaciones con los gremios ilegales y como esto puede traducirse en resultados electorales el próximo año, también es importante resaltar no solo por qué el REINFO es un evidente ejemplo de una política pública fallida, y si es que podemos intentar crear un nuevo mecanismo que prometa un futuro mejor.
El REINFO es, desde el punto de vista de la Administración Pública como disciplina, un caso de manual de falla regulatoria. Es decir, una institución o herramienta del estado que ha fallado en su rol de prevenir o mitigar los daños que resultan de una actividad; y esto ha ocurrido, en este caso, producto de la inhabilidad del estado de proteger a dicha institución o herramienta de que su operación sea afectada directamente por los intereses de grupos que verían sus actividades afectadas por una correcta acción regulatoria. Yendo de la teoría a la práctica, el REINFO como herramienta regulatoria ha fallado porque, a pesar de su tarea de regular, en realidad facilita que la minería ilegal pueda esconderse bajo una fachada de minero en proceso de formalización.
El problema de fondo sobre la regulación de la pequeña actividad minera, sin embargo, no solo recae en la captura o influencia de los mineros ilegales en los procesos de toma de decisiones (a través de congresistas, por ejemplo) pero también en la complejidad que significaría tener una nueva herramienta que pueda funcionar mejor. El REINFO, al final, no es más que un registro, el cual en su forma más pura es un papel o lista nombrando a las personas que se dedican a la minería artesanal y la zona en la que operan. Sin embargo, carece de una real capacidad supervisora de las actividades mineras, sea por las trabas burocráticas y logísticas que conllevan el tener personal activamente supervisando actividades en, por ejemplo, Pataz o La Pampa, sino también el riesgo enorme que esto significa a la seguridad del personal fiscalizador. De esta manera, a priori, buscar una alternativa real y viable al REINFO resulta un ejercicio bastante complicado para una administración pública ya en crisis.
A manera concluyente, me temo presentar al REINFO como una suerte de circulo vicioso en el cual la endeble administración pública peruana se ha entrampado a sí sola. El REINFO no solo resultó en un escudo para la minería ilegal, sino también en la demostración de lo inmensamente difícil que resultaría en el Perú intentar tener un sistema de regulación de la pequeña actividad minera que sea realmente funcional. Tanto la captura regulatoria, como las inmensas deficiencias en términos de recursos y seguridad que el estado afronta, vuelven a toda alternativa al REINFO como una opción totalmente inviable. Será entonces muy importante que el próximo gobierno no solo sea capaz de frenar en REINFO, dado que nos ha quedado claro a todos en el Perú que no es más que una infame pantalla, sino también tomar en consideración lo crucial que es ampliar la capacidad operativa de las distintas instituciones públicas (porque no incluso de la mano de las Fuerzas Armadas) en las remotas regiones donde opera la minería ilegal, donde codo a codo cohabita con la pobreza económica, la inseguridad alimenticia y la absoluta marginación.
La batalla contra el REINFO puede ser peleada hoy, pero si no sabemos que es lo que realmente hay detrás de él, no será, en el largo plazo, algo más que una irrelevante escaramuza.