El 2026 será un año profundamente agitado en la política peruana. Hasta hoy, lo más común es leer a diestra y siniestra contenido relacionado a las elecciones generales a celebrarse en abril. En dicha elección, más allá de las candidaturas presidenciales, se elegirán a senadores (en dos listas, una regional y una única nacional), diputados y miembros al parlamento andino. Entre la plancha presidencial (3), senado (60), diputados (130) y parlamentarios andinos (5), en abril se elegirán 198 cargos. Naturalmente, suena agobiante. Sin embargo, en octubre los peruanos asistirán nuevamente a las urnas, pero esta vez a elegir autoridades regionales y locales. En dicha elección, entre gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros, alcaldes y regidores provinciales y municipales, la elección de octubre será el partidor para 12,452 cargos públicos. SI bien es cierto que hoy podemos esperar mucha más ansia por la elección de abril, la segunda no deja de ser tan importante y, por ende, los partidos y, por supuesto, la ciudadanía, deberán no perderla de vista y prepararse para esta.

   El principal problema que tendremos como país de cara a las elecciones regionales de octubre del 2026 no es más que una sencilla magnificación de los problemas que se enfrentarán en la elección de abril. No ha resultado extraño leer en la prensa local sobre la “sabana” que será la cedula de votación de abril, producto de la proliferación de partidos políticos que participarán en ella. Del mismo modo que partido deberá presentar una serie de listas (algunas de distrito único nacional, y otras especificas a cada región), este ejercicio deberá repetirse en octubre, con cada partido presentando candidaturas en una inacabable lista de distritos y provincias del Perú, así como listas cerradas de concejales y regidores. Esto no solamente presenta una complicación enorme para los electores, sino también para los partidos, los cuales deberán no solo fortalecer sus bases a lo largo del país, sino también garantizar la idoneidad de sus candidatos y asegurar, al menos en un punto mínimo, una homogeneidad política en todas sus candidaturas. A priori, suena como una tarea imposible para tantos partidos que, hasta el día de hoy, no se saben si quiera definir a sí mismos dentro del ya reductivo y generalizador espectro de izquierda a derecha. Sin embargo, esta tarea igual debe ser una que los partidos deben cumplir, para así no solo mantener un mínimo de legitimidad ante un profundamente insatisfecho electorado, así como garantizarse a sí mismos una posibilidad de supervivencia institucional en el largo plazo. 

    Esta desafección del electorado es otro tema crucial por tocar de cara al análisis que se debe hacer previo a estas elecciones regionales. De acuerdo con el programa multianual de la Unión Europea para el Perú, el electorado peruano es el que puntea más bajo en “apoyo al sistema” de la región y, peor aún, es el segundo peor en apoyo a la democracia. En el caso puntual de los gobiernos locales y regionales, esta desafección puede fácilmente ser detectada como un producto de los “cacicazgos” que se crean con el pasar de los tiempos en los municipios de las regiones de nuestro país. Si bien es cierto que muchos de estos “caciques” de la política local terminan siendo políticos populares (el más conocido sin duda es el de Cesar Acuña en La Libertad, pero también ha habido casos como el de Yvan Vásquez en Loreto o recientemente, Wilfredo Oscorima en Ayacucho), esta popularidad no es necesariamente producto de una buena gestión percibida por la población. Por lo contrario, estas figuras por lo general se nutren de agendas populistas y personalistas para llegar al poder, y una vez en este, derivar recursos locales para así poder construir una maquinaria política que, más que fomentar popularidad hacia su candidatura, dificulta el camino para potenciales opositores a tener éxito. Esto, más allá de afectar la calidad democrática de las elecciones locales, modifica el raciocinio bajo el cual las distintas gestiones de turno eligen funcionarios o alocan presupuestos. De seguir un orden de prioridades en función de las necesidades de la región, se deciden por priorizar proyectos que faciliten, en el mejor de los casos, impulsar su imagen; y en el peor, beneficiarse de actos de corrupción. De esta manera, estos “caciques” de la política regional y local crean organizaciones que le garantiza a pequeñas cupulas regionales perpetuarse en el poder local, desafectando a una ciudadanía cada vez más incomoda con la falta de resultados en las gestiones municipales y regionales.

    Los gobiernos locales y regionales muchas veces son la primera cara del estado peruano al ciudadano. Proveen servicios tan básicos como seguridad, recojo de basura, alumbrado público, alcantarillado, y muchas otras cosas más. Es por eso por lo que, en un mundo ideal, la autoridad local tiene un rol más pragmático que programático: Identificar los problemas de la población y proveer soluciones para ellos. Si los partidos políticos quieres evitar la erosión de su legitimidad ante una ciudadanía cada vez más molesta, a falta de un año, es muy importante empezar a pensar en octubre, y no solo quemar motores en abril.