Por Nicolás Vargas Varillas
Hoy por hoy América Latina sufre una evidente ola de violencia criminal. Las fuentes son diversas: narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, tráfico de terrenos, minería y pesquería Ilegal, etc. Ante esto, hay dos reacciones muy evidentes: El miedo ciudadano y la acción estatal. El miedo ciudadano es algo que nosotros como hacedores de políticas públicas jamás podremos cambiar. Las percepciones de los ciudadanos siempre serán disímiles. Pero lo otro, la reacción del estado es algo que no solo si podemos cambiar, pero es una obligación del estado siempre. En nuestra región, desafortunadamente, han existido un sinfín de propuestas para combatir el crimen que no han funcionado. La estrategia del capo (kingpin strategy en inglés), la militarización del espacio público, el encarcelamiento excesivo y los estados de emergencia son caras de la misma moneda: la del fracaso.
Podríamos dedicar extensos párrafos proponiendo teorías sobre el por qué las políticas punitivas y de mano dura no funcionan más allá de exaltar a ciertos sectores de la opinión pública, pero ese ejercicio será para otra ocasión. Ante la crisis de seguridad ciudadana la región, y en el contexto actual donde diversos países se encuentran en carreras preelectorales (Perú, Colombia y Chile, por ejemplo), urge proponer soluciones prácticas que nos permitirá enfrentar pronto al crimen de una manera que sea realmente eficiente.
Quizá el primer gran cambio que debemos hacer es el de incluir en nuestras instituciones encargadas de combatir al crimen opiniones técnicas de expertos que no provengan de nuestras instituciones policiales o militares. El aporte de nuestras instituciones armadas es crucial, ya que estas tienen no solo experiencia de campo, sino también conciencia total sobre sus propias capacidades y limitaciones. Sin embargo, es muy importante invitar a Científicos Sociales especialistas en crimen o actividades ilícitas a formar parte de los procesos de toma de decisiones. Esto no basta con simple invitaciones para llevar a cabo consultorías externas, sino es importante reformar integralmente a las instituciones encargadas de Seguridad Pública para que en estas puedan trabajar a tiempo completo civiles experimentados en analizar patrones de comportamientos ilícitos, así como especialistas en ciencias forenses para poder reforzar los esfuerzos de investigación de los crímenes ya cometidos. Estos cambios pasan por sencillas reformas institucionales, las cuales difícilmente representarán un costo a los estados y, con seguridad, permitirá a más especialistas sentirse atraídos a unirse al servicio público.
Otra propuesta que debería considerarse es la de reforzar a las instituciones de inteligencia, así como la promoción de espacios donde estas puedan compartir información con sus pares de la región. En sumatoria a lo ya mencionado anteriormente, donde resaltamos la importancia de que sociólogos, antropólogos, psicólogos y criminólogos –por nombrar algunas disciplinas– sean incluidos en las instituciones que se encargan de combatir el crimen, es también importante invitarlos a trabajar en nuestras distintas. instituciones de inteligencia. Es importante por ende que tanto policías, militares y profesionales de las ciencias sociales pasen a trabajar juntos en instituciones dedicadas a los distintos tipos de inteligencia (inteligencia de señales, inteligencia de imágenes, inteligencia humana, entre otras). Por consiguiente, resulta imperativo ampliar las capacidades de las instituciones de Inteligencia, dotándolas con recursos para que puedan volverse realmente instituciones altamente especializadas y de élite, protegiéndolas así también de que ocurran lamentables sucesos donde dichas instituciones abandonaros totalmente su rol para volverse amedrentadoras para los rivales del poder político de turno. Por poner un ejemplo de esto, en los Estados Unidos se suele hablar de la “Comunidad de Inteligencia” la cual amalgama no sólo a la CIA, la agencia de Inteligencia más famosa del mundo, sino también a la inteligencia interna, naval, militar, y muchas otras agencias que se encargan de tareas muy específicas pero que juntas logran recopilar y analizar enormes cantidades de información que, posteriormente, sirven para no solo detener a criminales puntuales, pero también para formular mejores políticas públicas a largo plazo.
Para combatir al crimen en el Siglo XXI no nos daremos abasto nunca con pequeñas unidades exclusivas para militares y policías. Es crucial que están instituciones empiecen a compartir sus tareas con civiles formados para contribuir a la derrota del crimen. A su vez, es importantísimo que se constituyan comunidades de inteligencia variadas e interdisciplinarias, para que así la pluralidad de perspectivas pueda ayudarnos a realmente comprender el origen y el actuar del crimen, y desde ahí poder enfrentarlo con sensatez e inteligencia, en vez de ceguera, demagogia e ignorancia.