Un vicepresidente carece de salario y responsabilidades oficiales, excepto por quedar como encargado del despacho presidencial en caso el presidente se encuentre fuera del país o indispuesto (como se daría, por ejemplo, en caso necesitase ser sometido a un proceso quirúrgico). En muchas ocasiones, hemos visto como el presidente de turno intenta ofrecerle cierta estabilidad, tanto salarial como política, a quien ocupa dicho cargo, ya sea a través de nombramientos ministeriales o al llevar al vicepresidente en sus listas parlamentarias. Para el primer caso, solo necesitamos pensar en el rol desempeñado por Dina Boluarte a la cabeza del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2021-2022), y en el segundo caso, la labor parlamentaria de Mercedes Aráoz como congresista de la bancada “Peruanos Por el Kambio” (2016-2019).

   Existen diversos modelos en nuestra región que permiten repensar la figura de la vicepresidencia. Una opción, potencialmente desestabilizadora y populista, sería su abolición. Esto respondería al no poco común llamado a elecciones generales que se ve con la caída de cada jefe de estado directamente electo. Se vio, por ejemplo, tras el ascenso de Dina Boluarte en diciembre del 2022. Sin embargo, el reabrir la caja de Pandora electoral con la caída de cada jefe de estado supondría un ciclo potencialmente interminable de inestabilidad política, la cual tendría nefastos efectos sobre la inversión privada en nuestro país.